El sistema de intermediarios financieros no bancarios supervisado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) lo conforman las cooperativas de ahorro y crédito, que además de captar recursos de sus socios, lo hagan del público; las cooperativas de ahorro y crédito, cuando la suma de sus depósitos y aportaciones supere los 600 millones de colones; las federaciones de cooperativas de ahorro y crédito calificadas por la SSF para realizar las operaciones de intermediación establecidas por Ley, y las sociedades de ahorro y crédito. 

El sistema está regido por la Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios, vigente desde el 1 de julio de 2001, cuyo objeto es regular la organización, funcionamiento y las actividades de intermediación financiera. 

El propósito es asegurar que los intermediarios financieros no bancarios cumplan con sus objetivos económicos y sociales, garanticen a sus depositantes y socios las más eficiente y confiable administración de sus recursos. Adicionalmente se busca fortalecer el desarrollo y la integración financiera del país, mejorar el acceso y disponibilidad de servicios financieros en todas las actividades de las comunidades urbanas y rurales de El Salvador, y de esa forma satisfacer sus demandas por este tipo de servicios. 

Capital de constitución

La Ley exige que las sociedades que se acojan a ella cumplan una serie de requisitos, entre ellos el de poseer un capital social pagado mínimo que varía de acuerdo al tipo de institución: ¢5.0 millones ($571,428.57) para las cooperativas reguladas por la Ley, ¢10.0 millones ($1,14 millones) para las federaciones calificadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, y ¢25.0 millones ($2.86 millones) para las Sociedades de Ahorro y Crédito, o de ¢10.0 millones ($1.14 millones) cuando se dediquen a promover a la pequeña y microempresa. 

La sujeción a la Ley es opcional para las instituciones anteriormente señaladas. Las que deciden acogerse y ser supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, obtienen ventajas sobre las que no lo hacen, como el incorporarse al sistema financiero del país y ser calificadas por el organismo supervisor, lo que les acredita para optar a recibir financiamiento de fondos provenientes del Banco Multisectorial de Inversiones (banca oficial de segundo piso), organismos no gubernamentales y otras instituciones internacionales dispuestas a prestar fondos a organizaciones que estén debidamente supervisadas. 

Las entidades dedicadas en El Salvador a las actividades de microfinanciamiento tienen por delante una serie de oportunidades para lograr el desarrollo de esta actividad, pero también el estricto cumplimiento de requisitos para poder incluirse en un mercado regulado desde el cual poder disfrutar de esas oportunidades. 

Al cumplir los requisitos legales establecidos, las perspectivas de mercado de las instituciones dedicadas al microfinanciamiento giran en torno a lograr mejores oportunidades de crecimiento y de financiamiento y a desarrollar la captación de depósitos del público. 

También se pretende mejorar la disciplina financiera, lo cual facilitará mayores posibilidades de expansión y desarrollo, así como promoción de nuevos y modernos productos financieros. 

Todo, con el objeto de servir en forma más eficiente a los sectores de menores ingresos y a los micro, pequeños y medianos empresarios, promoviendo de esta forma la profundización financiera y el desarrollo económico del país.